La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en lo general por el Senado de la República el 1 de octubre de 2025 con 76 votos a favor y 39 en contra da un paso atrás gigantesco para los derechos fundamentales de los mexicanos. Esta reforma no moderniza, sino que desmantela el amparo como baluarte contra el abuso de poder, poniendo en jaque la certeza jurídica y la inversión. Esta ley busca modernizar el amparo con tecnología digital y plazos más cortos, pero en realidad limita el acceso a la justicia y pone en riesgo derechos fundamentales y debilita el control sobre el poder; no tiene un afán de protección al ciudadano. El problema está en cómo definir ahora el "interés legítimo". Antes, se podía usar el amparo al considerar que un acto del gobierno afectaba los derechos humanos, aun cuando fuera de forma indirecta, como en temas de medio ambiente o salud pública. Ahora, se debe probar que el daño es "real, actual y solo tuyo", y que ganar el caso va en beneficio del afectado de manera clara y directa. Esto hace más difícil defender los derechos colectivos, como cuando comunidades enteras pelean contra proyectos que contaminan ríos o afectan la salud de muchos. Va en contra de la Constitución, que dice que el amparo debe ser accesible para todos, y de tratados internacionales que garantizan un remedio rápido y justo ante los tribunales. Al final, deja desprotegidos a los más vulnerables, como pueblos indígenas frente a grandes obras. Otro gran problema son los cambios en la "suspensión" del acto reclamado, es decir, pausar temporalmente una decisión del gobierno mientras se resuelve el caso. Por ejemplo, en bloqueos de cuentas bancarias por lavado de dinero, deudas del Estado o hasta prisiones preventivas, ahora no se pausa automáticamente. Se debe demostrar de inmediato que tus recursos son legales o que no hay riesgo para el público. Esto ignora el principio de evitar daños irreversibles y abre la puerta a abusos, como perseguir a opositores políticos sin pruebas sólidas. También alarga el tiempo para dar una sentencia de 60 a 90 días, lo cual suena bien por la rapidez, pero el "amparo digital" opcional deja fuera a millones sin internet, sobre todo en el campo, discriminando a los pobres y violando el derecho igualitario a la justicia. Se deben generar acciones concretas y simples que pavimenten el camino para suspensiones provisionales (art. 128 Ley de Amparo) y acciones de inconstitucionalidad una vez publicadas; donde actores principales se pronuncian, por ejemplo: · Los grupos de abogados y ciudadanos: -. presenten amparos contra esta misma reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación , - Soliciten la pausa, por ser un retroceso en derechos humanos,

- . impulse una versión mejorada de la ley, con pruebas más flexibles para casos colectivos y ayuda gratuita para usar herramientas digitales, inspirada en metas globales de justicia para todos. · Que la Comisión de Derechos Humanos: -. se pronuncie y vigile cómo afecta esta reforma, y ​​-. Empuje demandas grupales que fortalezcan el amparo como escudo de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la vía principal y más adecuada para pronunciarse a favor de suspender esta reforma a la Ley de Amparo, una vez que entre en vigor; esto es factible, y ya ha pasado antes, como el caso de la Ley de Seguridad Interior que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2018. Por lo que se i nterpusieron acciones de inconstitucionalidad (números 6/2018 y acumuladas) por violaciones a derechos humanos y al principio de división de poderes . Por lo que hace a la Solicitud de suspensión: El 15 de enero de 2018, la SCJN admitió las controversias constitucionales, pero rechazó otorgar la suspensión general o provisional solicitada, argumentando que no se demostraba un daño inminente que justificara suspender la ley de inmediato. ( http://aristeguinoticias.com), ya por último en la resolución final, El Pleno de la SCJN declaró la invalidez total de la ley el 15 de noviembre de 2018, por mayoría de 9 votos, al considerarla inconstitucional en su conjunto. (https://scjn.gob.mx/sitios/predeterminado/archivos/comunicacion_digital/2018-11/boletin-electronico-noviembre.html); No hubo partes suspendidas previas, pero este fallo tuvo efecto erga omnes (aplicable a todos), equivalente a una protección amplia. Este caso ilustra cómo la SCJN actúa como contrapeso, aunque sin medida cautelar previa y se posiciona como el bastión idóneo. Ahora bien, en otro orden de ideas, en cuanto a la retroactividad de la Ley, el pasado 4 de octubre, el ministro @HugoAguilarOrti Durante una reunión con medios, criticó la retroactividad de la reforma y enfatizó el papel de la SCJN como contrapeso . Afirmó que "el artículo transitorio de la reforma a la enmienda, que le da carácter retroactivo a las nuevas disposiciones en la materia es inadecuado y se tiene que ajustar, pero en caso de que el Poder Legislativo no realice la corrección, el máximo tribunal se encargaría de hacerlo". Esto resume su postura, reconociendo el rol corrector de la Corte si el Congreso no actúa y recordamos que el amparo es el escudo constitucional para defender derechos contra abusos de autoridad, y la SCJN es su guardiana máxima. Por su parte, @ArturoZaldivarL, ex presidente de la SCJN, ha criticado la retroactividad de la reforma, lo que abre la puerta a impugnaciones. El 3 de octubre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar, como coordinador General de Política y Gobierno, exhortó a eliminar la retroactividad para evitar afectaciones a derechos adquiridos , abriendo la puerta a impugnaciones constitucionales. argumentando que "no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado. Y esto, creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto". “clara y contundente” (refiriéndose a la redacción requerida del artículo transitorio para evitar ambigüedades); “las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan, y esto solamente al futuro para hacer más ágil el juicio de amparo y aprovechar las ventajas de la reforma”. En resumen, esta reforma no fortalece la justicia, sino que la debilita, no actualiza nada, expone a vulnerables como indígenas o rurales a abusos irreparables y erosiona la seguridad y la confianza en el país, solo desarma un instrumento jurídico clave contra los abusos de poder. Defender nuestros derechos básicos no es solo quejarse, sino actuar en los tribunales con decisión. Cabe aclarar que, hasta el 5 de octubre de 2025, la minuta (el proyecto formal) no ha sido recibida ni discutida en la Cámara baja, por lo que el proceso legislativo aún no concluye.

Un Año del inicio de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por Mtro. Luis Armado Carranza Camarena.

Dos días después del aniversario de su toma de posesión, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo consolida su primer año como presidenta de México, un período de hito histórico como la primera mujer en el cargo y continuidad de la Cuarta Transformación (4T). En medio de preparativos para una mitin masiva en el Zócalo este domingo 5 de octubre, donde presentará su mensaje oficial, el balance sigue siendo mixto con logros en equidad y seguridad contrastan con temas controversiales en democracia y economía; este análisis incorpora datos oficiales y reacciones recientes. Dentro de los logros destacan:

La estrategia de seguridad . - Sigue como pilar: homicidios dolosos bajaron 25.3% en los primeros 10 meses, con promedios diarios de 65.3 en abril —el mínimo desde 2016— gracias a detenciones y decomisos. Los feminicidios cayeron un 22%, con 444 casos hasta agosto. Esta visión humanista, avalada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, se refuerza en el discurso de cierre de gira por el primer año.

En economía . la Inversión Extranjera Directa récord de 34,265 millones de dólares en el primer semestre sostiene la estabilidad bilateral con EE.UU., defendiendo el T-MEC ante amenazas arancelarias de Trump para 2026

Programas sociales . - con 850 mil millones de pesos invertidos, han reducido la pobreza en 9.5 millones de personas, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar para un millón de beneficiarias.

Aprobación de su gestión .Se mantiene en 73-78%, según encuestas de La Jornada y El País, impulsada por estas medidas redistributivas. No obstante, los retrocesos persisten en aspectos como los siguientes:

La reforma judicial , con elección popular de jueces desde junio, busca combatir la corrupción, pero genera alertas por erosión democrática, similar a casos en América Latina.

El combate anticorrupción . Con escándalos como el del coordinador se los Senadores; y solo 14 arrestos por "huachicol fiscal", resulta cuestionable

Crecimiento . El PIB creció apenas un 0,9% en el semestre, con proyecciones de 0,6-1,0% para 2025;

Empleo . - Se perdieron 18.812 empleos manufactureros pese a 216.538 formales generados. La percepción de inseguridad afecta al 63.2% de la población, y · Lo ambiental, la baja inversión en I+D agrava las disparidades regionales. La mañanera (3 de octubre), el énfasis en cultura vía "México Canta 2025" —15,115 participantes, 9.3 millones alcanzados—, muestra un gobierno inclusivo, pero insta a equilibrar el populismo con instituciones sólidas para evitar un declive democrático. También, se aclaró la no retroactividad de la Ley de Amparo, promoviendo diálogo entre poderes para mitigar tensiones, sin duda un tema con muchas controversias. En suma, este año es de contrastes: Un México más equitativo, pero expuesto a retos globales. La mitin del 5 definirá si la 4T acelera o frena. Sheinbaum tiene el apoyo, pero requiere mejoras en la estrategia para mantenerla. La rigidez ideológica sacrifica reformas estructurales. Confrontar el "maximato" y presiones trumpianas —migración, aranceles, cárteles— es valiente, pero sin diversificación económica, los avances serán vulnerables.

Análisis del Paquete Económico 2026 Fortalezas y Debilidades

Por: Mtro. Luis Armado Carranza Camarena

El Paquete Económico 2026, presentado el 8 de septiembre de 2025 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión, representa la hoja de ruta fiscal para el segundo año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con un gasto neto total proyectado en 10.2 billones de pesos, que representa un incremento nominal del 5.9% con respecto a 2025. El paquete económico marca una clara prioridad para la atención en el bienestar social, la inversión productiva y la disciplina fiscal en un contexto de desaceleración global, tensiones geopolíticas y revisión del T-MEC. Respecto del crecimiento, proyecta un crecimiento del PIB entre 1,8% y 2,8%, inflación del 3,65%, tasa de interés en 6,6% y un tipo de cambio de 19,3 pesos por dólar. Por lo que hace a la recaudación tributaria se estima que se alcanzará un récord del 15.1% del PIB, impulsado por el combate a la evasión y la digitalización, es de destacar que no se prevén alzas generales al IVA o ISR. No obstante, la rigidez estructural y las proyecciones optimistas generan críticas .

A continuación, presento un análisis de las fortalezas y debilidades de este importante documento. fortalezas .- El paquete consolida un enfoque humanista, alineado con la Cuarta Transformación, al destinar el 3% del PIB a 16 programas sociales prioritarios, mismo que representa alrededor de 987 mil millones de pesos, beneficiando al 82% de las familias mexicanas. Destacan incrementos reales significativos: 267% en la Pensión para Mujeres del Bienestar, 93.2% en Salud Casa por Casa y 58.6% en la Beca Rita Cetina, lo que fortalece la inclusión y reduce las desigualdades. Esta priorización social, combinada con aumentos en salud del 2.5% del PIB, porcentaje por debajo de los estándares OMS; educación y vivienda, actúan como palanca para el consumo interno, pilar de la resiliencia económica observada en 2025 (crecimiento del 0,5%-1,5% en el primer semestre). Otra fortaleza es el impulso al Plan México, con 2.5% del PIB en inversión física que contempla trenes, carreteras, agua e infraestructura logística, fomentando el nearshoring y la diversificación exportadora bajo el T-MEC. Las exportaciones de alta tecnología crecieron un 50% anual, y la industria farmacéutica emerge como motor. La política de deuda es prudente: reducir el déficit fiscal a 4,1% del PIB (baja de 1,6 puntos respecto a 2024), manteniendo la deuda estable y alineada con pares emergentes. Medidas extrafiscales, como alzas al IEPS en tabaco (de 160% a 200%) y refrescos, protegen la salud pública y generan ingresos adicionales sin gravar a la mayoría. Además, aranceles a importaciones asiáticas (textil, calzado, automotriz) protegen industrias nacionales, fortaleciendo la soberanía productiva. El rescate a Pemex, con proyecciones de producción en 1,794 millones de barriles diarios (aumento del 4.7%), sana deudas heredadas de administraciones previas, asegurando ingresos petroleros estables (precio de mezcla en 54.9 dólares por barril). La modernización aduanera y fiscalización digital (acceso SAT a plataformas en tiempo real) amplía la base tributaria, elevando ingresos en aduanas vía anticorrupción.

DebilidadesA pesar de su ambición, el paquete revela fragilidades crónicas. La rigidez del gasto (pesado por pensiones, subsidios a Pemex y deuda) limita la maniobra presupuestal, con un margen austero que reduce el gasto real respecto a 2025, pese al nominal. Analistas como IMCO y CIEP critican proyecciones optimistas en producción petrolera, dada la caída actual (1.648 MMbd en julio 2025), lo que podría generar déficits mayores si no se materializan. El FMI estima solo 1.4% de crecimiento, cuestionando el rango de la SHCP. El presupuesto ambiental es raquítico: 44 mil millones de pesos (0,1% del PIB), con una caída del 4%, debilitando la vigilancia (reducciones a PROFEPA y CONANP) en un año de tensiones climáticas. Salud y educación quedan por debajo de los estándares internacionales (salud al 2.5% vs. 6% OMS), priorizando lo social sobre lo estructural. Nuevos gravámenes, como 8% a videojuegos "violentos" o alzas a juguetes y ropa (hasta 35%), podrían encarecer bienes esenciales, afectando el consumo y la competitividad, especialmente para pymes y desarrolladores locales. La dependencia de ingresos no petroleros (vía evasión) es vulnerable a volatilidades globales, y la eliminación de órganos autónomos genera incertidumbre jurídica, desincentivando la inversión privada. Coparmex advierte que el déficit mayor a 2025 genera señales de inestabilidad.

En conclusión , considera que el paquete económico 2026 constituye un instrumento sólido, mediante el cual, se prioriza la equidad social y el desarrollo productivo y mantiene un enfoque disciplinado en cuanto a lo fiscal. No obstante, se visualizan algunas debilidades, como la rigidez presupuestal, proyecciones optimistas y subinversión en áreas clave que requieren atención y de ciertos ajustes. Por lo que hace al contexto global incierto, México podría buscar contar con un presupuesto que combine inclusión con competitividad. Con un diálogo constructivo en el Congreso, este paquete debe abordarse con pragmatismo que evite riesgos fiscales y maximice su impacto favorable.

El huachicol roba más que gasolina.

Por: Mtro. Luis Armado Carranza Camarena

El huachicol roba más que gasolina. El huachicol no es solo combustible robado; es un golpe a la economía, la seguridad y las comunidades atrapadas en pobreza y crimen. Este delito, infiltrado en el Estado, drena recursos y esperanza. Esta reflexión invita a exigir un cambio.

Un costo que sangra al país En 2024, Pemex reportó pérdidas por 20,428 millones de pesos por robo directo de ductos, equivalente a millas de barriles diarios que pudieron financiar escuelas, hospitales o seguridad [1]. El "huachicol fiscal" evadió 177,170 millones de pesos en impuestos, el 30% del mercado de combustibles, o 485 millones diarios que no llegan a salud ni educación [2]. En el primer semestre de 2025, las pérdidas por robo tradicional suman 13,122 millones de pesos, un 37% más que el año pasado, con 11,774 tomas clandestinas detectadas —una cada 38 minutos [3][4]. Estos números reflejan un futuro robado a comunidades enteras.

La corrupción: raíz del problema El operativo de septiembre 2025 en Tampico, Tamaulipas, expuso la magnitud del problema: la red "Los Primos" llevó a 14 detenciones, incluyendo al vicealmirante Manuel Farías, marinos en activo, empresarios y exfuncionarios aduaneros [5][6]. Se incautaron 10 millones de litros de diésel ilegal, evadiendo 97 millones en impuestos, pero las siete muertes sospechosas, incluyendo dos marinos, sugieren una mafia que protege sus intereses [7]. Buques que disfrazan combustibles como "aditivos", aduanas controladas por la Marina y ganancias lavadas en lujos revelan una corrupción estructural alimentada por la impunidad.

Un sistema anticorrupción que no responde El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su Comité de Participación Ciudadana (CPC) prometían combatir la corrupción, pero sus resultados son insuficientes. En 2024, el SNA conectó 938 municipios a su Plataforma Digital y aprobó 31 políticas estatales, pero carece de una estrategia clara contra las redes de complicidad en Pemex o gobiernos locales [8]. El CPC, diseñado para vincular a la sociedad con el sistema, se limita a foros y capacitaciones en el Edomex, sin acciones concretas en el Triángulo Rojo (Puebla) o Hidalgo, zonas asfixiadas por el huachicol y la pobreza [9]. En 2024, los robos violentos en Acatzingo, Puebla, crecieron 24%, pero no hay programas de desarrollo ni protección a denunciantes [10]. El CPC debe actuar en el terreno, no solo en documentos.

La solución está en las comunidades. La tecnología —drones, sensores, inteligencia— no basta si no se ataca la corrupción. Auditorías independientes en Pemex, un fiscal especial para huachicol que rastree flujos financieros (en 2024 se bloquearon 60 mil millones en cuentas, pero urge escalarlo) y leyes más duras son esenciales [11]. El cambio real radica en las comunidades. La inversión en empleos dignos, como cooperativas agrícolas en Puebla o energías renovables en Hidalgo, puede romper el ciclo del crimen. Proteger a denunciantes con apps seguras y promover el boicot al combustible robado en gasolinaras son pasos clave. El CPC debe liderar redes civiles, impulsar talleres de emprendimiento y apoyo en zonas vulnerables, no solo realizar foros.

Que hacer. El huachicol roba millones y tranquilidad, pero la indignación puede unir a la sociedad. El SNA y el CPC deben coordinarse, rendir cuentas y actuar en el terreno. Es hora de cerrar las tomas clandestinas y construir un México justo, donde el Triángulo Rojo sea símbolo de esperanza, no de miedo. Comparte esta reflexión.

Referencias : [1] Pemex, Informe Anual 2024. [2] PetroIntelligence, Análisis de Mercado 2024. [3] Pemex, Reporte Semestral 2025. [4] Secretaría de Seguridad, Estadísticas 2025. [5] Gabinete de Seguridad, Comunicado 09/07/2025. [6] Fiscalía General, Informe Operativo Tampico 2025. [7] Investigación Federal, Reporte de Seguimiento 2025. [8] SNA, Avances Plataforma Digital 2024. [9] CPC, Boletines de Sesiones 2024-2025. [10] MCC, Rep. Acatzingo 2024. [11] UIF, Informe 2024.

El Nuevo Escenario Comercial de México

Por Mtro. Luis Armando Carranza Camarena

La propuesta, enmarcada en el Paquete Económico 2026, contempla un incremento de hasta el 50% en los aranceles para sectores clave como la industria automotriz, textil, del calzado y siderúrgico, buscando, según las autoridades, proteger la industria nacional de prácticas desleales de mercado.

Un movimiento estratégico que ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, donde el gobierno mexicano ha propuesto un aumento significativo en los aranceles a la importación de productos provenientes de países con los que no mantiene acuerdos de libre comercio. Si bien esta medida no se dirige de manera exclusiva a una sola nación, su principal impacto recae directamente sobre China, su segundo socio comercial y el principal origen de las importaciones.

La justificación oficial detrás de esta decisión, fue articulada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En diversas declaraciones, Ebrard ha defendido la medida como una herramienta necesaria para corregir el desequilibrio comercial y fortalecer la producción interna. Su argumento central es que los vehículos y otros productos provenientes de Asia, en particular de China, están ingresando al país a precios que considera por debajo de los de referencia, lo que pone en desventaja a la industria mexicana.

El contexto en el que se toma esta decisión es de gran relevancia. Por un lado, la medida de México coincide con un período de crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, donde el expresidente Donald Trump ha implementado aranceles a las importaciones chinas que han llegado a superar el 100% para ciertos productos.

Esta coincidencia temporal ha alimentado la especulación de que México podría estar alineándose con las políticas de Washington para evitar conflictos comerciales. No obstante, Ebrard ha insistido públicamente en que la decisión no es de naturaleza geopolítica, sino que responde a la necesidad de proteger el mercado interno y sus empleos.

Las consecuencias de esta medida ya son palpables para el consumidor mexicano. Diversos análisis de la industria automotriz y el comercio señalan que el aumento de aranceles encarecerá de manera significativa los vehículos de origen chino, impactando directamente en su precio final. Si bien el mercado automotriz es uno de los más afectados, otros productos de uso cotidiano también verán un incremento en su costo, lo que podría generar presiones inflacionarias a corto plazo. No obstante, las autoridades, entre ellas el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, han señalado que el impacto inflacionario general será mínimo, argumentando que solo una fracción del comercio total se verá afectada.

La respuesta de China. A través de su embajada, el gobierno de Pekín ha manifestado su firme oposición a lo que califica de "proteccionismo y medidas discriminatorias", haciendo un llamado a la cautela y advirtiendo que tomará las acciones necesarias para salvaguardar sus intereses comerciales. Esta postura, refleja una clara tensión diplomática.

En conclusión, la propuesta de aranceles de México es una medida compleja que busca equilibrar la protección de su industria nacional con el mantenimiento de su rol como socio comercial global. La medida responde a una necesidad interna, pero al mismo tiempo navega en un delicado contexto geopolítico que podría reconfigurar las relaciones comerciales de México con sus principales socios. 13 de septiembre 2025